Miles
de personas sin empleo, comida y techo, pero eso sí, “viven en democracia”,
votan y eligen. El circulo vicioso y lugar común así se tipifica: el pobre y
excluido elige y festeja su triunfo y el ungido (restada excepción que confirma
la regla) se ocupa en cebar su clientela y su bolsa, gozar honores, prohijar el
interés ajeno regalando nuestros naturales, linduras estas que frustran toda
posibilidad de progreso del ciudadano elector que por causa de su voto inútil sufrirá
más pobreza y exclusión. La tan loada democracia es realmente un sistema plutocrático,
excluyente y clientelar.
¿Sobre
qué bases se edifica un genuino sistema democrático? La respuesta existe, pero
la ocultan o desdeñan derechistas, izquierdistas y pragmáticos. Un autentico sistema
democrático o la “supremacía popular” en una comunidad concreta (El País Pijao,
nuestro caso) será posible si su visión y sus ejes estratégicos de desarrollo introducen
el concepto de democracia económica como premisa esencial para legitimar la democracia
política. Solo cuando el ciudadano raso obtenga un beneficio real de una
explotación económica estratégica de la región podremos afirmar que se ha
producido un hecho de bienestar y justicia y, por ello, este tipo de beneficio
es condición sine qua non para reconocer legitimidad, valor y sentido ético a
toda tesis o programa político; lo demás es pura “carreta”, fraude ideológico,
politiquería o engañifas que perpetúan el atraso y la inequidad.
Intento
explicar: El bogotano, para ejemplo, goza de 6 mts3 de agua gratis, mínimo
vital de un derecho esencial (lo reconoce la ONU). El agua es propiedad
colectiva, regalo de natura a todos los moradores de un entorno territorial; el
agua es propiedad sagrada y sólo por despojo se torna en propiedad particular.
Además del agua también constituyen propiedad colectiva otros regalos de la
naturaleza (lo alego para efecto didáctico) ¿Acaso, como el aire, no es don de
la naturaleza el oro y demás minerales, el hidrocarburo, el bosque, la fauna,
etc.? ¿Acaso la identidad, el sentido de pertenencia y de autonomía no agonizan
cuando un recurso natural de la región, de todos, se privatiza y se centraliza?
¿Por qué a todos nosotros se nos niega el derecho esencial a x gramos de oro, a
x barriles de petróleo, a x mts2 de tierra comunal, a x área de recurso
forestal? ¿En verdad los tolimenses somos dueños del territorio y sus riquezas
o solo somos “ceritos a la izquierda”?
El
derecho inalienable de todos sobre la riqueza de todos es irrebatible y por lo
mismo tiene que ser el objetivo principal de las causas políticas. Digan
ustedes si no sería abuso político y felonía que un dirigente regional exhortase
así al rico del mundo: “explote usted nuestros recursos naturales y nos regala algo
del lucro (Regalía: rezago colonial causante de miseria) que aquí, luego, nos
damos trazas para repartir entre pocos su generosa dádiva”. ¿Algún parecido a
la realidad?
Desde
siempre y hasta hoy el símbolo de la lucha social ha sido la protesta que al
injusto le “resbala”. Frente a una medida impopular, una protesta popular que
rara vez resulta efectiva. Abrevio diciendo que las ideas políticas y
programáticas del cambio deben ensancharse hacia la dimensión regionalista,
pues el nuevo reto de la lucha social es la construcción de una economía
popular que supone compromiso político para democratizar o cooperativizar el
uso y goce de los recursos naturales, los servicios públicos y otras
potencialidades productivas, así como una lucha por la autonomía regional y por
una educación, ciencia y tecnología acordes a nuestros sueños.
Oportuna
resulta esta cita de C. Tunnerman: “A diferencia de los países industrializados,
donde el avance de sus economías depende en gran medida de lo que sucede en sus
universidades y centros de investigación, en los países con economías
dependientes, las actividades de investigación de las universidades y sus
centros especializados permanecen al margen de la actividad productiva”.
