La organización de la
sociedad civil legitima la democracia al empoderar a la comunidad para que
defienda sus recursos y derechos vitales, impida abusos continuados, conquiste
sueños comunes y guie su actuar político. Sin duda alguna hoy el ibaguereño es
vulnerable y por ende presa fácil de quienes usan su poder para acumular
riqueza atropellando al indefenso, práctica reprobable que se erradicaría
fácilmente creando grupos de interés especifico, bien estructurados y
financiados, para visibilizar, caracterizar y cohesionar a la sociedad y así
hacerla protagonista de su destino.
Un grupo de interés
específico, además de atender objetivos precisos, eleva la cultura política de
la comunidad, la hace consciente de sus derechos y fortalezas y la libera de la
manipulación de los oficiantes de engaños y mentiras que con “cantos de sirena”
y “espejitos” impiden que los pueblos tomen las riendas de su historia para
construir prosperidad real y futuro cierto para sus hijos.
Para vigorizar la sociedad
civil ibaguereña, planteo una propuesta más que seguramente también irá a la
papelera. Aunque en voz baja y por ello desoídas, son recurrentes las quejas
por las oleadas alcistas y abusos en los servicios públicos básicos, excesos
que al superar el IPC golpean el ingreso y obligan al indefenso usuario a
resignarse y mermarle o renunciar a otras necesidades vitales.
Propongo al Sr. Alcalde,
Concejo Municipal, gremios, colectivos sociales, cooperativas, sindicatos,
instituir una organización que encare el continuo abuso de operadores que,
insensibles frente a la difícil situación de tantas familias y en connivencia
con la “política menuda”, atizan la tragedia del atraso al privilegiar el
desmedido lucro del inversor transnacional y el oligopolio nacional, sobre el
sagrado derecho del ibaguereño a la estabilidad económica, al costo razonable y
al buen vivir.
Grosso modo la idea, que
la sapiencia de los lideres sabrá mejorar, es constituir la Corporación de
Usuarios de Servicios Públicos de Ibagué, ente del cual sería asociado todo
usuario que así lo desee y aportante quien tenga matricula vigente (solo el
IBAL tiene más de 113 mil matriculas). Este ente tendría capítulo especial en
cada JAL y realizaría asamblea anual por comunas y congreso general de
delegados, para oír informes, trazar derroteros y elegir consejo directivo y
órganos de control.
Además de la defensa
administrativa o jurídica del usuario, la entidad tendría otras funciones, ej.
Evaluar la calidad del servicio, los planes de expansión y mejoramiento y,
desde luego, utilizando redes, sitio Web, revista, programa radial, reuniones
comunales y sectoriales, adelantaría planes de educación e información para
usuarios sobre normas, proyectos, uso de recursos naturales, etc.
El aporte mensual
individual (sobretasa o similar) seria de 500 pesos por factura y contribución
fija de la alcaldía y cada operador. La suma de estos aportes permitirá a la
corporación costear una nomina de alto nivel técnico y científico
(director-defensor, abogados, economistas, ingenieros, sociólogos) para cumplir
las funciones establecidas y realizar otras actividades correlacionadas.
La sociedad ibaguereña
está frente a una disyuntiva: seguir siendo víctima de quienes acrecientan capital
y poder arruinando pueblos desunidos y frágiles o empoderarse para hacer uso
racional de sus recursos naturales, sus oportunidades, sus talentos y la fuerza
de su identidad y unidad para garantizar a su descendencia calidad de vida y
certeza de futuro. Ante lo primero, basta con seguir aguantando y protestando;
para lo segundo, debemos asumir iniciativas novedosas y audaces.
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